Preocupación y rechazo generó en la Región del Maule la decisión de cerrar el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Chanco, medida adoptada por Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia, que contempla el traslado de los 17 internos que actualmente permanecen en el recinto.
La senadora Andrea Balladares manifestó su desacuerdo con la decisión, argumentando que una medida de esta relevancia debió ser informada y discutida previamente con las autoridades regionales, los funcionarios y la comunidad local. Asimismo, planteó dudas respecto de los fundamentos que justifican el cierre, considerando el escenario de sobrepoblación que enfrenta el sistema penitenciario nacional.
La parlamentaria también expresó preocupación por el futuro de los funcionarios que se desempeñan en el establecimiento, debido a la falta de información sobre sus eventuales destinaciones y condiciones laborales una vez concretado el cierre.
Por su parte, el diputado Daniel Bustos señaló que la medida ha generado inquietud entre los habitantes de la comuna y los trabajadores de Gendarmería, quienes consideran que no fueron considerados en el proceso de toma de decisiones.
El legislador destacó que el recinto ha cumplido durante años una función asociada a la reinserción social de internos de baja peligrosidad, por lo que estimó necesario evaluar alternativas que permitan mantener su funcionamiento.
Entre ellas, mencionó la posibilidad de recibir población penal proveniente de otros establecimientos que actualmente presentan problemas de sobrepoblación.
Además, se resaltó el valor histórico y patrimonial que representa la cárcel para la comuna de Chanco, siendo parte de la identidad local y de la historia de la zona.
Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de revisar la decisión y abrir una instancia de diálogo que permita analizar opciones para el futuro del establecimiento, considerando modelos enfocados en la reinserción social y la atención de población penal de baja peligrosidad.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para reconsiderar el cierre del recinto y generar espacios de conversación con los distintos actores involucrados, con el objetivo de evaluar alternativas que permitan resguardar tanto el funcionamiento del establecimiento como los intereses de la comunidad local.
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